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Las familias reclaman que la casa cuartel de la Guardia Civil en Maó se aleje de la cárcel

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Las familias reclaman que la casa cuartel de la Guardia Civil en Maó se aleje de la cárcel

Las familias de los funcionarios que residen en la casa-cuartel de la Guardia Civil en Maó quieren un nuevo edificio alejado de la cárcel en construcción. La petición la formalizaron ayer durante la reunión que mantuvieron con el director insular de la Administración, Javier Tejero, y el alcalde de Maó, Vicenç Tur.

La medida obedece a que Tejero les informó de la imposibilidad de modificar el emplazamiento del centro penitenciario que se está construyendo justo al lado de la residencia de la benemérita. El director insular esgrimió que en el periodo de alegaciones nadie presentó una petición para evitar la ubicación adoptada. Los familiares de los funcionarios afectados aseguran que tanto Tur como Tejero les manifestaron su intención de estudiar la cuestión y que «la veían con buenos ojos».

Las familias también señalan que en toda España no existe ningún caso de un centro penitenciario que esté justo al lado de una residencia del instituto armado. Se muestran especialmente sensibles en la cuestión de su privacidad ya que consideran imprescindible poder mantener su anonimato por cuestiones de seguridad. Temen que se pueda dar algún incidente si coinciden en la entrada compartida a la casa-cuartel familiares de un preso y del funcionario que lo detuvo o que lo mantiene cautivo.

El PP de Maó mostró ayer su apoyo a esta reubicación de la residencia de guardias civiles. Apuntaron la necesidad de estudiar su emplazamiento «siempre que no esté en un lugar aislado» dijo el presidente de la agrupación local, Simón Gornés. Añadió que el dinero que se ha previsto para reformar el edificio actual, unos 600.000 euros, se podría destinara al construcción de uno nuevo.

Doce horas de ruido

La reunión de ayer también sirvió para que Tejero y Tur anunciasen a los residentes en la casa-cuartel que la empresa encargada de las obras de la cárcel sólo trabajará doce horas al día. En la actualidad dispone de un decreto del alcalde que les autoriza a hacerlo durante las 24 horas aunque generalmente operan entre las seis de la mañana y la medianoche. Desde la Administración no se ha fijado ni una hora de inicio ni una de finalización por lo que nadie sabe cuánto tiempo podrán descansar los que vivan allí. Lo que sí se les comunicó a las familias de los guardias civiles es que, debido a esta medida, los trabajos se alargarán en el tiempo algunos meses más de los previstos.

Desde el grupo de afectados se lamenta que para las instituciones prevalezca la construcción de una infraestructura a los derechos de las personas que residen allí.

El presidente del PP de Maó, Simón Gornés, alertó ayer que el centro penitenciario de Menorca podría alojar hasta 300 personas a pesar de que consta sólo de 92 plazas previstas para internos. Gornés apuntó también que la cárcel asumirá al colectivo de reclusos de origen menorquín, pero también a personas de fuera que hayan cometido todo tipo de delitos dejando la puerta abierta a la llegada de terroristas.

Los populares aprovecharon la ocasión para criticar que nadie advirtiera claramente a la población de la construcción de esta prisión en lugar de un centro de reinserción social como se había anunciado durante años.

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